Los inagotables alivios del Gobierno Nacional para mitigar la crisis en el sector laboral

Por: María Camila Jaimes
El mundo se ha visto envuelto en una situación bastante comprometedora a nivel sanitario con la enfermedad denominada Covid-19. De una u otra forma, la manera en que los gobiernos se han visto obligados a contrarrestar los efectos de la enfermedad ha generado un impacto contundente y definitivo sobre la economía mundial. Lo anterior, se debe a que las decisiones más relevantes van inexorablemente dirigidas a que las personas permanezcan en sus hogares con el propósito de buscar la seguridad de todos los habitantes. Con ello, el efecto concomitante ha sido el estancamiento de algunos sectores productivos y, en muchos casos, la suspensión de las relaciones laborales. Así, tanto la productividad como el trabajo -los cuales constituyen grandes pilares para la economía de los países-, han fluctuado.
Una de las iniciativas gubernamentales que propende el aseguramiento de los trabajos y su protección ha sido el Decreto 558 del 15 de abril de 2020, el cual hace parte de una serie de objetivos específicos que se han mantenido en la agenda debido a esta coyuntura. El Decreto, en especial, ha tenido como finalidad disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones a un 3%, esto para que las empresas y empleadores puedan tener una mayor liquidez para sortear la crisis y para amparar a los trabajadores bajo el principio de la estabilidad laboral (Decreto 558, 2020, artículo 1). El Decreto no supone ningún problema, es más, conduce a un efecto positivo para el equilibrio económico. Pese a ello, es necesario realizar un análisis donde se evalúen: (i) La relevancia de las pequeñas y medianas empresas y su capacidad de endeudamiento versus las opiniones gremiales de los trabajadores, (ii) La situación de la crisis en cuanto al trabajo informal, (iii) Realidad de los despidos y garantías del gobierno.
En primer lugar, este Decreto aplica tanto para contratistas independientes que coticen al Sistema General de Pensiones, como para aquellos que cuenten con un contrato laboral (Decreto 558, 2020, artículo 2). Pese a que se espera que las empresas puedan efectivamente realizar el aporte del 3%, no se está teniendo en cuenta que muchas las pymes no cuentan con los recursos necesarios para cotizar la disminución prometida por el gobierno, siquiera asumir el pago de nómina. El gobierno también ha anunciado una serie de alivios que se darán por medio del sistema financiero con el fin de evitar despidos masivos y para atender el problema específico del pago de salarios. Sin embargo, el tema viene siendo algo mucho más concatenado que una simple reducción de las cotizaciones para mejorar la liquidez: las pequeñas y medianas empresas están al borde del colapso, de la misma manera, no cuentan con una capacidad de endeudamiento superior que les permita acceder a los créditos del gobierno, ya que muchas de ellas cuentan con créditos previos con privados y también con el mismo fondo (Fondo Nacional de Garantías).
Asimismo, hasta el momento no se cuenta con algún estudio estadístico o cifras oficiales que determinen cuántas empresas han tenido que recurrir a los Acuerdos de Reestructuración de la ley 1116 de 2006, cuántos despidos han ocurrido o cuántas empresas han entrado en quiebra; han sido meras especulaciones. Con ello, es posible afirmar que las empresas se encuentran demasiado vulnerables como para acceder a un crédito por medio del sistema financiero. Aunque el gobierno aseguró que, si las empresas no podían asumir el pago del crédito, el Estado lo respaldaría en un 80%, el enlace se está realizando por medio del Fondo Nacional de Garantías que opera actualmente para los préstamos que hacen los bancos a las empresas (Dinero, “Salvavidas a las pymes será con más créditos, no con subsidios”, 2020).
Por otro lado, también es necesario tocar el tema de las pensiones que pasarán a ser asumidas por Colpensiones según el Decreto 558 de 2020. Se tratan de las pensiones de hasta un salario mínimo que puedan estar en riesgo en los fondos privados. El Sistema ya cuenta con una desfinanciación en pensiones por diferentes factores: (i) Es un sistema insostenible en tanto que es altamente regresivo, pues “el 57% de los pensionados están en los tres deciles más altos de la distribución del ingreso y menos del 9% en los tres deciles más bajos. Pero el principal problema, es la baja cobertura, según encuestas de hogares sólo 24% de los mayores reciben pensión; es un sistema que no tiene suficiente respaldo ante contingencias y externalidades en la forma de recaudo y pagos mensuales" (Villar, 2019). (ii) Genera un gran gasto para el gobierno. Este dedica casi 4% del PIB a cubrir el déficit del sistema, es decir más de 27% de los ingresos tributarios de la Nación (Villar, 2019).
Con respecto a lo anterior, con la crisis no es de menos que el Estado dedique mucha más inversión a los sectores afectados, no obstante, el efecto está siendo adverso a mediano y corto plazo. El incremento de 20 mil personas que entrarán al Régimen Solidario de Prima Media aumenta a su vez el riesgo de quiebre. Esto, aunado a que casi la mitad de las personas trabajan en el sector informal (como se verá más adelante). Quienes sí realizan los aportes, no podrán hacerlo en su totalidad por la determinación del gobierno y, como para sostener las demás pensiones -y ahora las de los fondos privados- se requiere de un nivel de ingresos muy alto al Sistema, en últimas todo conlleva a una mayor regresión y a un déficit superior, que eventualmente tendrá que ser sorteado por el Estado como, por ejemplo, aumentando la destinación del PIB a sanear la crisis que ahora pasa el sistema pensional.
Por otro lado, uno de los interrogantes más importantes ya se ha esbozado con respecto a las pensiones, pero ¿qué pasará con el trabajo informal? y ¿qué protección podrían llegar a tener en este suceso crítico mundial? Las medidas gubernamentales están dirigidas a proteger más que todo a quienes cuentan con un empleo formal, es decir, a quienes les aplican los regímenes legales y constitucionales en materia laboral. No obstante, la realidad del país es que tan solo en las áreas metropolitanas y en las ciudades, el número de trabajadores informales es cercano a la mitad de los trabajadores. En cifras del DANE “la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 46,7% para el trimestre móvil diciembre 2019 - febrero 2020. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,9%” (Ramos, 2020). Con ello, se estaría desconociendo que una gran parte de la economía se mueve gracias a estos sectores informales, y que debido a su desprotección y de la poca cobertura de algunos servicios, aumentarán las tasas de desempleo, de pobreza y, por supuesto, de trabajo informal con la migración del sector formal al informal por los despidos continuados.
Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa número 022 expedida el 19 de marzo, y en relación con lo anterior, se ejercerá estricta vigilancia y control a las solicitudes que los empleadores presenten respecto de suspensiones de contratos y despidos colectivos, para lo cual el Ministerio expidió la Resolución 0803. Se asume con ello que no podrá haber despidos colectivos y masivos, sin embargo, pese a la negativa de las solicitudes a los despidos, la realidad es que estos si se están efectuando en aquellos casos que no lo requieren expresamente por el Ministerio del Trabajo. La crisis ha llegado a tales circunstancias, y no es por ello fácil dejar de enfatizar en que son muchos los despidos de una o dos personas que, en suma, vienen a ser muchos más alrededor del país. Como lo he mencionado antes, el gobierno se ha esmerado en crear incentivos para mantener los empleos, pero medidas como mantener a todos los trabajadores de las empresas para acceder al crédito de pago de nómina, no hacen que dejen de haber despidos en muchas empresas. El 53,39% de las mismas han afirmado en una encuesta que tendrán que despedir o reducir los empleos para sobrellevar la crisis (Dinero, “Salvavidas a las pymes será con más créditos, no con subsidios”, 2020).
Si bien nunca serán suficientes todas las iniciativas por mejorar las condiciones de los trabajadores y las compañías en la recesión -puesto que siempre surgirán nuevos retos que asumir y con el paso del tiempo la situación continuará siendo crítica hasta una eventual recuperación económica-, el Estado ha hecho lo posible por mantener un núcleo esencial para el funcionamiento social, y eso es a través de la empresa. Los problemas que se han analizado aquí son acentuados por las condiciones previas a la crisis (la pobreza, la desigualdad adquisitiva, entre otras), así como el déficit del sistema pensional. Lo cierto es que el esmero ha sido notorio y con cierta esperanza se tendrá un buen resultado de todo el sacrificio que ha representado la crisis laboral.

Referencias

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    Decreto 558 de 2020 (Ministerio del Trabajo). Por el cual se implementan medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones, proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Abril 15 de 2020.
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    Salvavidas a las pymes será con más créditos, no con subsidios. Dinero. (2020). Recuperado el 11 de Abril 2020, de https://www.dinero.com/actualidad/articulo/covid-19-11-de-abril-apoyo-para-salvar-nominas-de-pymes-sera-con-mas-creditos/284035
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    Villar, L. (2019). Elementos para una reforma al Sistema de Protección Económica a la Vejez en Colombia. Recuperado de: http://www.asofondos.org.co/sites/default/files/11._LEONARDO_VILLAR.PDF
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    Ramos, F. (2020). Empleo informal y seguridad social. Recuperado el 15 abril de 2020, de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social

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