El rastro argumentativo de la autora es interesante porque advierte de la aparente dificultad del sistema federal mexicano y la imposibilidad de ejecutar un plan unificado a lo largo del país que reconozca y resuelva los pleitos de familia. No obstante, acto seguido, la autora abstrae el problema a las instituciones que hacen parte de la dinámica dentro de la que se mueve la familia. Así, el problema está en todos los encuentros de la estatalidad con el núcleo fundamental de la sociedad, por lo que, desde su voz, cercenar de tajo la participación gubernamental sería un error que vulneraría en peor medida a los menores de edad. Éstos son el núcleo de su argumentación, pues actualmente se encuentran en una situación que continúa empeorando pero, al mismo tiempo, no es posible solucionar tales conflictos con la ausencia del Estado. Pareciera un callejón sin salida sobre cómo proceder para resolver la cotidianidad doméstica en dentro del entramado sociojurídico del que hace parte (¡al que funda!). A estas dificultades, Reyes sale al paso con la implementación de métodos alternativos de solución de conflictos, mayor especialidad en las personas encargadas de llevar los casos de familia y, finalmente, aprovechar el desconocimiento de la dirección de la causalidad del cambio entre leyes y doctrina.