Un claro ejemplo de la violación de las políticas es la negación de la existencia de los pueblos indígenas en la población afectada, que específicamente desconoce la Política Operativa de Pueblos Indígenas, la cual establece una directriz que pretende evitar la exclusión de los pueblos indígenas de la participación de los proyectos [3].
Ante esto, el BID Invest ha propuesto un plan de acción que incluye la realización de una ruta de transición traducida a los idiomas de las comunidades locales, la evaluación de impactos diferenciados por razones de género y una inversión con el fin de promover la inclusión financiera de las mujeres. Asimismo, pretende atender las recomendaciones del MICI relacionadas con los cambios institucionales por medio del fortalecimiento de la unidad de salvaguardas ambientales y sociales del BID en asuntos de pueblos indígenas y una política de cero tolerancia a la violencia de género. Finalmente, busca incorporar medidas para llevar a cabo un seguimiento a los hechos de violencia relacionados con los proyectos financiados por el BID Invest [4].
El caso citado puede afectar el curso de procesos como el de Hidroituango, proyecto financiado por BID Invest que ha generado una grave crisis social y ambiental. A pesar de que el Grupo BID haya concluido de forma anticipada su préstamo debido a la incertidumbre relacionada con la operación del proyecto, actualmente está en curso el proceso de investigación asociado con un presunto incumplimiento de las políticas sociales y ambientales del BID en el proyecto Hidroituango [5].
La investigación tiene origen en una queja presentada por 477 personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico en Ituango. Estas reclaman que no hubo una evaluación de impacto ambiental adecuada, no se garantizó el acceso a la información y la participación de las comunidades, y que el proyecto se ha llevado a cabo en medio de un contexto de violación a los derechos humanos, represión contra los líderes sociales y uso desproporcionado de la fuerza. Además, hacen referencia a la crisis ambiental y humanitaria que se generó a raíz del proyecto, que condujo a un drástico incremento del caudal del río, deslizamientos de tierras e inundaciones, lo que ha puesto en riesgo la vida de los habitantes y ha conducido a la evacuación improvisada de estos. Todo lo anterior ha resultado cuestionable desde las políticas del BID Invest sobre acceso a la información, medio ambiente, reasentamiento involuntario, entre otros [6].
Teniendo en cuenta lo anterior, el Movimiento Ríos Vivos, junto con las organizaciones internacionales Center for International Environmental Law (CIEL) y la AIDA, solicitan que el BID Invest termine su participación en el proyecto con un plan de salida responsable y participativo que permita restaurar los impactos causados y legitimar al BID como institución financiera en la esfera internacional. Como bien lo dicen las organizaciones representantes de las comunidades, el plan de salida responsable del BID en Guatemala y la terminación anticipada del préstamo del Banco en Hidroituango llenan de esperanza a la comunidad afectada, que tras años de insistir en el cese de la financiación del proyecto y la salida responsable de este por fin podría verse escuchada [7].
Es claro que con el auge de los proyectos energéticos de alto impacto en América Latina se ha presentado un aumento en el número de conflictos socioambientales. En particular, la Comisión Mundial de Represas ha reconocido que los proyectos hidroeléctricos han conducido al desplazamiento de las comunidades locales, a la afectación de la seguridad alimentaria y a un impacto grave en los ecosistemas y la biodiversidad [8]. El proyecto Hidroituango es sólo un ejemplo de las posibles consecuencias que pueden traer estos megaproyectos a las comunidades locales y al medio ambiente.
Adicionalmente, la desigualdad de poder entre los actores es notoria, situación que se ve agravada por la inequitativa distribución de los costos y beneficios en este tipo de proyectos. Como bien lo dice Hervé (2010), la tendencia es que con los denominados proyectos de desarrollo exista “una distribución inequitativa de los costos ambientales dentro de la sociedad, la ausencia de reconocimiento de la identidad de ciertas comunidades, la falta de acceso de las mismas a instancias públicas de participación en la toma de decisiones que afectan su calidad de vida y una marcada falta de valorización de la integridad de los ecosistemas” (p. 10) [9]. En el mismo sentido, la Comisión Mundial de Represas ha encontrado que las grandes represas suelen producir beneficios a grupos que no sufren los costos sociales y ambientales de los proyectos, mientras que los principales afectados son las poblaciones vulnerables y no representadas [10]. Esto se ve en los casos analizados, donde las comunidades se ven perjudicados por la falta de información y participación, afectación de la calidad de vida por deslizamientos e inundaciones, entre otros.
Debido a lo anterior, es importante insistir en la necesidad de avanzar en la justicia ambiental. Sin entrar a definirla, hay importantes elementos que pueden estar relacionados con esta. Por ejemplo, de acuerdo con Hervé (2010), una situación de justicia procuraría igualar las cargas “del desarrollo nocivo y el agotamiento de los recursos entre todos los miembros de una sociedad, promoviendo una mayor participación de la comunidad en las decisiones que la puedan afectar y generando una sociedad y una institucionalidad en que se reconozca a todos sus miembros (individuos y comunidades), con sus diversidades, necesidades y capacidades” (p. 11) [11].
En esta medida es importante reconocer que la decisión del BID Invest sobre el plan de salida responsable de las hidroeléctricas en Guatemala representa un avance en materia de justicia ambiental. Parecería enviar el mensaje correcto al asumir la responsabilidad por los impactos sociales y ambientales causados por los proyectos que financió. Asimismo, hace un importante reconocimiento de las diversidades y necesidades de las comunidades, además de garantizar su participación. Es importante que, como indica Carolina Juaneda, Directora del Programa de Latinoamérica del Centro de Información Bancaria, el plan de salida responsable sea consultado con las comunidades afectadas, con el fin de que determinen si las soluciones propuestas realmente abordan los daños reconocidos [12]. Siguiendo lo dicho por Liliana Ávila, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, “es una oportunidad para que el banco tenga en cuenta los aprendizajes del caso: entre ellos la relevancia de comprender los contextos locales de los proyectos, las dinámicas socioculturales de las poblaciones que serán directamente afectadas y la perspectiva local de desarrollo a nivel local para determinar la viabilidad o no del financiamiento” [13]. Todo esto, al fin y al cabo, representa una posibilidad en el avance de la materialización de la justicia ambiental.
[Referencias]
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Hervé Espejo, Dominique. (2010). “Noción y elementos de la justicia ambiental: directrices para su aplicación en la planificación territorial y en la evaluación ambiental estratégica”. Revista de derecho (Valdivia), 23(1), 9-36.
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