Este comunicado, que en una primera lectura podría ser considerado como un acto que propende por el fomento del fútbol femenino, esconde entre sus líneas un subtexto jurídico sumamente relevante para los derechos de las futbolistas profesionales, pues no solo invisibiliza la situación de desigualdad de género que experimenta el fútbol profesional actualmente, sino también omite de forma tajante el deber que tiene el Estado colombiano en el fomento del deporte. Pero, vamos por partes.
La Sentencia T-366 de 2019 de la Corte Constitucional en la que, después de analizar un caso de discriminación de género en el fútbol aficionado, la Corte concluye que “[…]el respeto por las garantías constitucionales son imperativos del cual no se sustraen las organizaciones deportivas […]”. Es decir, si bien las organizaciones deportivas de nivel aficionado y profesional tienen autonomía desde la perspectiva del derecho, no pueden, en ningún escenario, ignorar los derechos fundamentales que se garantizan bajo el ordenamiento jurídico colombiano, entre ellos la igualdad de género. Esta referencia resulta relevante, ya que es un recordatorio de que la igualdad de género en el fútbol es un deber constitucional por lo que cualquier incentivo, programa e iniciativa debería abordar este tema como una problemática de igualdad y no como un mero acto de “buena voluntad”.
Así, es necesario preguntarse, ¿realmente las becas entregadas enaltecen el deporte femenino y garantizan la igualdad en este deporte? La respuesta es no y, por favor, no me malentiendan, en ningún momento quiero decir o implicar que la educación tradicional no resulta importante para el desarrollo de las personas, pero esta problemática debería tener otro acercamiento. En primer lugar, la entrega de becas supone que las jugadoras deben complementar su práctica profesional con una actividad formativa, esta suposición, a pesar de no estar escrita, es evidente al ver la duración del torneo actual en Colombia que tiene una única ocurrencia al año de dos meses. Es decir, las futbolistas en Colombia únicamente tienen una ventana de tiempo de dos meses para ejercer su profesión. Esto último no solo muestra una disparidad entre la situación de hombres y mujeres futbolistas y por lo tanto una situación de discriminación de género, sino también una vulneración al derecho del trabajo de las mujeres pues las condiciones no son dignas y mucho menos justas. Además, abre la discusión sobre la autonomía de las mujeres para elegir de forma libre profesión u oficio, derecho que, así como el trabajo y la igualdad, es un derecho fundamental, pues los hombres pueden ser futbolistas profesionales sin estar condicionados a ejercer o estudiar otra carrera profesional que les permita conseguir suficientes ingresos económicos.
Es importante volver a la frase del comunicado en donde el exministro Lucena señala que es un deber de todos los colombianos fomentar de diferentes maneras los deportistas. Esta afirmación resulta problemática pues ignora el deber legal que tiene el Estado de fomentar el deporte, originado en la Ley 181 de 1995, bajo el cual se deberían articular las diferentes entidades designadas para ello con el fin de garantizar que el ejercicio y la profesionalización del deporte, sin distinción de género en cumplimiento de los derechos constitucionales. Entonces, es responsabilidad de estas entidades preguntarse cómo se podría fomentar el fútbol femenino de tal manera que la brecha de género que existe al interior de los clubes disminuyera y cómo se garantiza que el fomento de las entidades privadas, como las universidades, estuviera primero alineado con la autonomía de las jugadoras que han elegido la carrera deportiva como su profesión.
En conclusión, la comunicación de Ernesto Lucena no puede pasarse por alto y mucho menos ser aplaudida. Comunicados como este desconocen un trasfondo de desigualdad y reducen una situación de discriminación de género en acciones “reparadoras” pero no de cambio estructural que permita una práctica de fútbol femenino sostenible garantizando también condiciones laborales dignas y justas para las jugadoras. Para terminar, y como última reflexión, quisiera mencionar que estos cambios estructurales resultan necesarios, en tanto representan un punto de partida para construir no solo condiciones de igualdad, entendidas en gran medida por una visión de feminismo liberal, sino también crear un diálogo de visiones que permita convergencias entre corrientes como el feminismo de la diferencia, que es una herramienta fundamental para abordar asuntos como la maternidad, o la teoría queer que permitiría estudiar las barreras que experimentan las personas transgénero en el contexto del fútbol profesional.
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Abogada especialista en derecho de los negocios internacionales y estudiante de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo. Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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