Documento CONPES 4021: la nueva apuesta del gobierno nacional en la lucha contra la deforestación

22 de noviembre de 2021
Por: Natalia Andrea Roa Ladino
Colombia es un país megadiverso donde de acuerdo con un monitoreo realizado en 2014 por el Ideam, el 51,6% del área nacional estaba cubierto por bosques [1]. La mayor área de bosques de Colombia está en la Amazonía con 39.623.573 hectáreas (66%) y los Andes con 11.338.180 hectáreas (19%), seguido por las regiones del Pacífico con 5.510.932 hectáreas (9%), Orinoquía con 2.121.189 hectáreas (4%) y Caribe con 1.691.838 hectáreas (3%) [2].
Sin embargo, entre los años 2000 y 2019 se perdieron aproximadamente 2,8 millones de hectáreas de bosque, siendo la Amazonía la región más afectada, donde se concentró el 62% de la deforestación [3]. Para el 2020 Colombia perdió más de 171 mil hectáreas de bosque principalmente en Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Antioquia [4].
Fuente: Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia
Dentro de las causas de la deforestación en Colombia, se identifican: debilidades para el control territorial, aumento de la extracción ilícita de minerales y de cultivos ilícitos, extracción ilícita de recursos forestales, expansión de la frontera agrícola, acaparamiento de tierras, ganadería extensiva, la expansión de la infraestructura desarticulada de la planeación estratégica del país y las limitadas alternativas productivas sostenibles para la población [5]. Adicionalmente, Colombia ha sido afectada por una serie de actividades ilícitas que conllevan la degradación del medio ambiente. El siguiente mapa denota dicha situación, en las diferentes regiones, especialmente grave en los Parques Nacionales Naturales.
Dada esta situación, el 8 de enero de 2021, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, presentó en Leticia el Documento CONPES 4021 que establece la “Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques”. Dicho Documento fue aprobado el 21 de diciembre de 2020 como la política pública que formula Colombia, de corto, mediano y largo plazo para enfrentar la deforestación y proteger la biodiversidad de manera estructural [6]. El presente documento busca dar a conocer los objetivos y propuestas de la política nacional y sus proyecciones a largo plazo en materia de deforestación.
El CONPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, creado mediante la Ley 19 de 1958. Es la máxima autoridad nacional de planeación y organismo asesor del Gobierno en los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social nacional, coordina y orienta a los organismos del Estado a través de documentos sobre el desarrollo de políticas generales [7].
El Documento objeto de estudio propone una estrategia intersectorial, multidimensional y sistémica, cuya finalidad es conservar la biodiversidad nacional albergada principalmente en los bosques mediante el control de la deforestación y la gestión de estos para impulsar el uso sostenible del capital natural, la economía forestal y el desarrollo comunitario [8]. Esta política busca ser implementada en un periodo de 10 años; a corto plazo pretende lograr la reducción del 30% de la deforestación proyectada a 2022 y para el año 2025 reducir a 100.000 hectáreas al año la deforestación, para alcanzar en 2030 el objetivo de cero deforestación a nivel nacional. Dicho objetivo se realizará con el Programa Nacional para el Monitoreo y Seguimiento a los Bosques y Áreas de Aptitud Forestal (PMSB), creado en el 2008 por el Ideam.
Para cumplir lo anterior, el Documento plantea 4 objetivos específicos (OE):
1. OE1. Consolidar alternativas sostenibles de producción, conservación y recuperación de los bienes y servicios ecosistémicos de los bosques para el desarrollo rural y la estabilización de la frontera agrícola.
2. OE2. Mejorar la articulación transectorial y armonizar los instrumentos de planificación sectorial, territorial y ambiental para el control de la deforestación y la gestión de los bosques.
3. OE3. Fortalecer las capacidades institucionales en prevención, investigación y judicialización para mejorar el control de las economías ilegales que promueven la deforestación.
4. OE4. Mejorar la gestión de la información sobre el estado del recurso forestal, como soporte para el desarrollo de acciones orientadas a la administración y la gestión sostenible de los bosques del país [9].
De los anteriores objetivos, se plantean 12 líneas de acción las cuales se relacionan con lo enunciado anteriormente .
1. Frente al OE1 se planea promover apuestas productivas con base en el capital natural que impulsen la economía forestal; fomentar los procesos de conservación y manejo sostenible de los bosques; desarrollar mecanismos de extensión, asistencia técnica e investigación para el uso sostenible de la biodiversidad.
2. Frente al OE2 se planea desarrollar intervenciones integrales para el ordenamiento territorial y la resolución de conflictos de uso, ocupación y tenencia de la propiedad, para estabilizar los núcleos de alta deforestación (NAD); generar capacidades técnicas para desarrollar instrumentos de Planificación y ordenación sectorial que eviten la deforestación; fortalecer la comunicación, el conocimiento y la participación ciudadana para la gobernanza del territorio y la gestión sostenible de los bosques; planificar y coordinar la inversión para la gestión de los bosques y evitar la deforestación.
3. Frente al OE3 se planea articular los instrumentos de comando y control en los NAD y áreas estratégicas de conservación de bosque natural; fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y legales de las autoridades que intervienen en la prevención, investigación, judicialización y control de los delitos ambientales;
4. Frente al OE4 se planea implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y financieras para el control de la deforestación y gestión de los bosques; generar esquemas de monitoreo y seguimiento a las intervenciones territoriales asociadas al control de la deforestación [10].
Dichas líneas de acción deben realizarse con las comunidades rurales y las autoridades a nivel regional, departamental, municipal. Se requiere la concreción de políticas que permitan la realización de los objetivos y las líneas de acción que de manera ambiciosa planea el CONPES y se deben destinar recursos que se inviertan de manera eficiente para cumplir con lo presupuestado.
El seguimiento y la financiación durante el periodo de implementación de esta política se realizará a través del Plan de Acción y Seguimiento (PAS). La política tiene un costo total indicativo estimado de 714.144 millones de pesos [11].
Para resumir lo anterior, si bien lo dispuesto en el Documento CONPES 4021 es una política ambiciosa y podría llamarse la nueva esperanza en la lucha contra la deforestación, cuando el panorama nacional ha demostrado una leve mejoría frente a la deforestación, pues comparado con el 2020, en el primer semestre de este año, cerca de 22.000 hectáreas menos fueron deforestadas en Caquetá, Meta y Guaviare [12], los retos para Colombia son de gran magnitud, no solo por la importancia de las áreas de bosques, sino además por los retos técnicos y financieros que existen.
No basta que se cuente con programas de monitoreo de deforestación o con la creación de normas, pues en Colombia el intento de protección forestal se remonta al Decreto Legislativo 2278 de 1953 y al Documento CONPES 2834 de 1996, lineamientos que pretendían resolver los graves problemas que se vienen presentando. Es necesaria la participación de las diferentes autoridades a nivel nacional, regional, departamental y municipal, la sociedad civil y todos los actores, dada la limitación que se tiene en la gobernanza de los recursos naturales, que está impulsando los fenómenos de deforestación.
Ya se ha avanzado de sanción, con la Ley 2111 de 2021 de Delitos Ambientales, que judicializa temas específicos de deforestación, pero no solo el aspecto represivo logrará detener dicho fenómeno. De las políticas, estrategias nacionales y pactos internacionales no se observan registros del cumplimiento en su totalidad de estos, si bien se busca que estas sean políticas multisectoriales y de Estado, para su implementación es menester analizar las prioridades gubernamentales, comunitarias, entre otras, para así desarrollar acciones efectivas, realizar intervenciones integrales, que den respuesta a las necesidades territoriales para abordar las raíces de la deforestación como el acaparamiento de tierras, permitiendo así la conservación de los bosques.

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