Desentrañando la compleja relación entre el arbitraje y la jurisdicción ordinaria: Reseña del artículo “El principio de no interferencia judicial sobre los arbitrajes: Comentarios al artículo 3 de la Ley de Arbitraje peruana” [1]

Desde antaño, el arbitraje ha sido reconocido como el medio de resolución de controversias predilecto entre partes privadas, que favorece la obtención de una decisión final de manera rápida, eficaz, técnica y vinculante [2]. Sin embargo, la antigüedad y popularidad de este sistema no ha impedido que los actores del comercio internacional a nivel mundial sean testigos recurrentes de intentos de sabotaje de procesos arbitrales, por parte de los Estados y, particularmente, de los funcionarios de la rama judicial. En Latinoamérica, la adopción de Constituciones con catálogos de derechos fundamentales ha provocado la aparición del fenómeno de “constitucionalización” de las distintas áreas de los ordenamientos jurídicos. Por supuesto, el arbitraje no ha sido ajeno a lo anterior, y se ha visto impactado más que todo por la aplicación del derecho al debido proceso – claro está, bajo el entendimiento que tenga este derecho en cada país. Así las cosas, haciendo uso de las herramientas constitucionales para garantizar dichos derechos ante los jueces ordinarios, y a pesar de normas legales que impiden la intervención de las autoridades judiciales en los arbitrajes, partes demandas o vencidas en los arbitrajes han buscado truncar arbitrajes o laudos en los que se han visto desfavorecidos, lo que ha generado una red de precedentes y normatividad aplicable confusa alrededor de la materia.

En este contexto, en el artículo aquí reseñado Velásquez Meléndez y Chang Tokushima buscan despejar el panorama y dar claridad sobre cuál es - y debe ser - la verdadera relación entre el poder judicial y el arbitraje en Perú. Así las cosas, los autores hacen un comentario del artículo 3 de la Ley de Arbitraje de ese país, que consagra el principio de no intervención judicial en los procesos arbitrales, en el cual hacen un análisis detallado del desarrollo jurisprudencial que ha tenido dicha norma, haciendo particular énfasis en la procedencia del amparo constitucional para atacar laudos proferidos por tribunales arbitrales.

El texto comienza por explicar el fundamento del principio de no interferencia, y su aplicación en distintos tipos de arbitrajes: unos forzosos, que nacen por imposición de la ley, y otros potestativos o voluntarios, que nacen de la autonomía privada de las partes. Señala que, debido a que en el primer caso no media el libre consentimiento de las partes, es posible un escenario más amplio de intervención judicial durante el trámite arbitral que en el segundo caso, donde las partes decidieron excluir de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de su disputa. Asimismo, resalta que el mencionado principio también se manifiesta en un momento posterior a laudo, a través de la interposición del recurso de anulación o de un amparo constitucional.

Luego, el texto se adentra en el caso peruano para exponer el largo camino que ha tenido que atravesar el arbitraje para no ser víctima de bloqueos injustificados. Sin embargo, uno de los principales puntos que no ha permitido fortalecer la independencia de este sistema ha sido el reconocimiento otorgado por el texto constitucional al arbitraje como “jurisdicción”. Bajo este entendido, se ha establecido que en un arbitraje se deben observar las garantías del debido proceso de manera idéntica a como sucede en la jurisdicción ordinaria. Así, se resalta el papel que ha jugado el precedente de la María Julia, donde se señaló que la anulación es la sede idónea para cuestionar, una vez terminado el proceso, cualquier vulneración a los derechos de una parte. Esta sentencia entonces, buscó frenar la interferencia judicial mediante la utilización del amparo, y, así, proteger la integridad del proceso y del laudo arbitral. Sin perjuicio de lo anterior, existen tres escenarios excepcionales en los cuales procede directamente la interposición del amparo, especialmente cuando la disputa trasciende los intereses privados y afecta a terceros o normas de aplicación general. Así las cosas, el artículo concluye por señalar que, por regla general, el principio de no interferencia constituye un avance prometedor en la protección del arbitraje, por limitar el control judicial del mismo a una etapa posterior a la emisión del laudo y por causales específicas.

De esta manera, el artículo de Velásquez Meléndez y Chang Tokushima logra un objetivo preciso, pero a la vez complejo: desentrañar el enredo de jurisprudencial y normativo existente en Perú – y similar en otros países de la región, como Colombia - alrededor de la intervención judicial en el campo arbitral, especialmente mediante el uso del amparo constitucional. Por ello, resulta un texto clave para practicantes y académicos que busquen entender la evolución y el estado del arte de esta compleja relación entre jueces y árbitros en uno de los países más relevantes en arbitraje de América Latina. Asimismo, en Colombia, su lectura es de especial relevancia, pues permite hacer una comparación con un fenómeno similar al que produce la acción de tutela, en especial cuando estamos cerca de una reforma de nuestro Estatuto Arbitral [3].

No obstante, si bien el texto es efectivo en hacer una descripción tanto del contexto peruano como de ciertos referentes comparativos en la materia, considero que se queda corto en hacer una evaluación crítica de dicha situación. Se echa de menos una propuesta de alguna ruta que pueda seguirse para armonizar de una mejor manera la relación mencionada, o la formulación de una advertencia sobre las posibles consecuencias adversas que puedan producirse de no llegar a regularse de mejor forma.

[Referencias]