Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia: Sala Especializada en Restitución de Tierras, Sentencia del 11 de noviembre de 2015

La Ley de Víctimas ha iniciado diversas controversias y choques en diferentes ramas del derecho, particularmente en el derecho civil, pues en casos concretos modifica las reglas generales para la adquisición de la tierra en Colombia. Esta modificación ha sido explicada por la doctrina como una ‘reconstrucción’ de un derecho preexistente, y tiene la finalidad de generar soluciones más justas y equitativas que se ajusten a un contexto de conflicto armado. Para plantearles el problema sugeriré una de las tantas modificaciones que nos trae esta ley: si un predio objeto de restitución ha sido poseído por más de 10 años por una persona, se presumirá- a favor de la víctima- que dicha posesión no ha ocurrido (Ley 1448/11, art. 77, num. 5). Este es el ejemplo perfecto de una modificación del derecho común en la justicia transicional, y hace necesario que los abogados que en su ejercicio tengan relaciones con las zonas del conflicto armado, reestructuren sus conocimientos y los enmarquen en un panorama de justicia transicional.

En esta entrada reseño la Sentencia del 11 de noviembre de 2015 (Rad. 050000-31-21-002-2013-00059-01) del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala Especializada en Restitución de Tierras. Para esto, se desarrollará el siguiente esquema: 1) Hechos relevantes 2) selección de consideraciones y sus respectivas críticas, y 3) conclusiones.

Para explicar los hechos, es importante hacer algunas menciones del contexto del conflicto armado en el que se encontraba el municipio de San Carlos. En este municipio, entre 1998 y 2005, hubo un desplazamiento masivo de 17,724 personas. La principal razón de este desplazamiento fue la confrontación armada entre diferentes actores del conflicto armado- como las AUC o las FARC. Aludiendo a algunas cifras citadas por el tribunal, en este periodo hubo: 33 masacres, 156 desapariciones forzadas y 78 víctimas de las minas antipersonales. Este contexto de violencia implicó, como lo señala el tribunal, que en San Carlos se viviera una guerra total, en donde alrededor del 70% de su población de vio obligada a huir.

Dubián Darío Rincón, quien actúa en calidad de solicitante en este proceso, inició la ocupación del predio con matrícula inmobiliaria 018-120229, ubicado en el corregimiento El Jordán, municipio San Carlos (en adelante, “El Predio”), el 14 de febrero de 1997. Esta ocupación inició en virtud de un “contrato de compraventa de un terreno” y entrega material por parte de Luis Eduardo Orozco, quien había ejercido la ocupación previamente durante 17 años. Luego, en diciembre de 1998, Dubián Rincón y su grupo familiar fueron intimidados por parte de grupos armados ilegales – tanto por las FARC como por las AUC-, lo que los forzó a desplazarse. Esta intimidación fue causada por dos hechos principalmente. En primer lugar, cuando Dubian Rincón trabajaba como vigilante en las instalaciones de ISAGEN, la guerrilla de las FARC repartió panfletos en donde establecía que los vigilantes eran objetivos militares, y establecían, además, que si no renunciaban morían. En segundo lugar, una vez Dubian Rincón deja el trabajo como vigilante, instala un almacén el parque de San Carlos. Las AUC empezaron a cobrarle vacunas mensuales de 60’000$, y Dubian Rincón se atrasa en 3 cuotas. El señor Castañeda- quien le cobraba las vacunas- le dejó clara la situación cuando le dijo que tenía 3 opciones: pagar, irse o morirse. Esta intimidación generó la imposibilidad de residencia y de explotación económica del PREDIO.

Luego, el predio volvió a pasar a manos de Luis Orozco, quien celebró un “contrato de compraventa de terreno” con la familia Henao Galvis en el año 2005 por la suma de $300’000. Finalmente, Manuel Salvador Marín y su grupo familiar (en adelante, “Opositores”), realizaron un contrato de ‘compraventa de terreno’ del predio el 27 de agosto de 2011 por el valor de 1’200’000$. Por último, los “Opositores” señalan que fueron sujetos del desplazamiento forzado en la vereda el Jordán, municipio de San Carlos, Antioquia, en el año 1998, y que para el 2015 su núcleo familiar tiene, entre otras personas, a dos niñas que tienen 14 y 8 años.

El proceso de restitución de tierras, finalmente, culminó con una reparación que consistió en la entrega de un predio equivalente. Esto ocurrió porque los Tribunales Superiores del Distrito en su sala de Restitución de Tierras no tienen competencia para formalizar la ocupación que tiene una persona sobre un predio cuyo titular es el municipio. Siendo este predio un bien urbano que pertenecía al municipio de San Carlos, la disposición del mismo competen a este municipio mediante los planes de ordenamiento territorial.

El último hecho mencionado es, en esencia, sobre lo que se quiere profundizar en este análisis jurisprudencial: ¿qué ocurre en aquellos casos en que el opositor del proceso de restitución fue víctima del conflicto armado?

En este caso, los Opositores argumentaron que habían actuado con buena fe exenta de culpa, pues si logran demostrar que actuaron de esta manera, podrán solicitar una compensación en caso de que se ordene la solicitud (Ley 1448 de 2011, art. 88 y 98). Para probar la buena fe exenta de culpa es necesario demostrar: 1) tener la conciencia de haber actuado correctamente y 2) haber realizado actos tendientes a verificar la regularidad de la situación (Corte Constitucional, Sentencia C-820 de 2012). En este caso, los Opositores argumentaron que habían ‘indagado’ sobre las personas que habían ocupado el predio antes de que ellos lo ocuparan, con lo cual trataban de probar el elemento externo de la buena fe exenta de culpa. No obstante, no incluyeron ninguna prueba que pudiera demostrar que habían realizado estos actos. Por esta razón, el tribunal determinó que ellos no habían actuado con buena fe exenta de culpa, pues la buena fe exenta de culpa implica la exigencia de actuar para verificar la regularidad de la situación, y ese actuar requiere de pruebas.

Así, estos opositores- que a su vez son víctimas- estaban en la obligación, según la Ley 1448 de 2011, de indagar lo que había ocurrido con el predio durante 13 años, para así poder establecer si el predio había sido despojado o abandonado forzosamente por alguna víctima del conflicto armado. ¿Qué implicaría esto? Implicaría, por ejemplo, que los OPOSITORES tenían que estudiar cada una de las ‘transferencias’ de este predio, y verificar que en ninguna de ellas se haya vulnerado algún derecho de las víctimas. Esto incluiría, entonces, el estudio minucioso de todos los contratos y las partes que los hayan celebrado desde 1991. Esta carga es, en sí, desproporcionada para una persona que haya sido víctima del conflicto armado. Se dice que es una carga desproporcionada por la consecuencia principal de su no cumplimiento, a saber: los OPOSITORES- víctimas de abandono forzado en este caso-, si no prueban buena fe exenta de culpa, tienen que salir del predio y, además, no recibirán ninguna clase de compensación.

Ahora, considerando la dimensión del problema, hay que hacer un énfasis en una de las consideraciones del tribunal. En esta sentencia el tribunal establece lo siguiente:

“Los opositores, como quiera que a su vez fueron víctimas del desplazamiento forzado (…) conocieron de primera mano la situación violenta que reinaba en el municipio de San Carlos (…) lo que les exigía una mayor cautela al momento de realizar una negociación sobre ellas, lo que no probaron”.

Las palabras del tribunal hablan por sí solas. El tribunal estableció que por haber sido víctimas del conflicto armado, los opositores tenían un deber superior de diligencia y cuidado que cualquier persona común. Así, como conocían la situación del conflicto armado del municipio, estaban en la obligación de indagar más aún que cualquier persona si en el predio había ocurrido actos de despojo o abandono forzado. En consecuencia, el tribunal impone a las víctimas una carga probatoria superior para probar la buena fe exenta de culpa por el sólo hecho de ser víctimas.

Esta postura es criticable por tres razones, señaladas en el salvamento de voto que realizó Vicente Landiñez. La primera es que la figura del opositor fue pensada de una manera errada por el legislador. Se imaginó un opositor poderoso que se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de las víctimas para adquirir estos predios, pero estaba equivocado. Como lo plantea el salvamento, esta ‘imaginación’ del opositor no está fundamentada en la realidad, pues en no pocas ocasiones el opositor está en las mismas situaciones de victimización del solicitante, y el juez no puede ser ciego ante esta realidad. Y este es el segundo punto: el juez no puede aplicar indistintamente las reglas e instituciones de la Ley 1448 de 2011, sino debe considerar las circunstancias particulares de los opositores. En situaciones como esta, se exigía del juez la realización de acciones afirmativas, pues el opositor se encontraba en una situación de debilidad manifiesta y la misma Constitución, en su artículo 13, establece que el Estado  promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Incluso, el deber de realizar acciones afirmativas a favor de las víctimas se encuentra en la misma Ley 1448 de 2011, en sus artículos 13 y 28, num. 3. De esta manera, los jueces tienen un mandato constitucional de realizar acciones tendientes a beneficiar aquellos grupos que estén en una situación de debilidad manifiesta, como ocurre en este caso al tratarse de víctimas del conflicto armado.

Finalmente, el tercer punto es que, en un marco de justicia transicional, las autoridades deben actuar guiadas por el principio de la acción sin daño, aplicable a esta ley con base en los principios establecidos en los artículos 9 y 28-1 de la Ley 1448 de 2011. Al aplicar este principio a la justicia transicional, se tiene que las actuaciones del estado en los contextos de conflicto armado deben procurar reducir los daños y no aumentarlos. En consecuencia, como lo establece este salvamento de voto, las medidas reparatorias de las víctimas deben buscar medidas que no constituyan futuras causas del conflicto. Según este principio, en este caso, el juez hubiera tenido que buscar medidas alternativas que no perjudicaran de esta manera a los opositores-víctimas, pues expulsarlas de su predio podría llegar a constituir una re-victimización, y esto contraría el principio de no-repetición que debe guiar las actuaciones de la justicia transicional.

Leyendo esta sentencia, llegué a una conclusión: no sé si este país- o por lo menos yo- esté preparado para una justicia transicional. No entiendo cómo es posible que una ley tan loable como la Ley 1448 de 2011 pueda tener consecuencias tan devastadoras, como la creación de un nuevo tipo de revictimización. En efecto, como se vio en esta sentencia, esta ley tiene como consecuencia que una víctima vuelva a tener que dejar sus tierras, y sin recibir compensación alguna. Así, la conclusión parece ser la siguiente: sí a una justicia transicional, pero este sí debe estar condicionado a que no se generen consecuencias desproporcionadas sobre las personas inocentes, y menos aún sobre las personas que han sido víctimas del conflicto armado.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala Especializada en Restitución de Tierras. Sentencia del 27 de octubre de 2014. Rad. 05045 3121 001 2014 00063 00.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala Especializada en Restitución de Tierras. Sentencia del 11 de noviembre de 2015. Rad. 050000-31-21-002-2013-00059-01.